En Bolivia, desde los espacios de poder se suele hablar en nombre de la cultura, pero rara vez se piensa con ella. Esta paradoja explica, en buena medida, la persistente desestimación de la antropología como herramienta crítica y de los antropólogos como mediadores para la comprensión y transformación de la vida social. La antropología es convocada, cuando mucho, como adorno discursivo, como legitimación simbólica o como recurso técnico secundario, pero no como un saber capaz de interpelar las bases mismas de proyectos políticos.
Esta desestimación no es accidental. La antropología incomoda porque recuerda que la sociedad no es un agregado de individuos homogéneos, sino una trama histórica de prácticas, sentidos y conflictos. Frente a la urgencia de la política por producir resultados inmediatos, la antropología introduce preguntas incómodas: ¿desde qué racionalidades se gobierna?, ¿qué formas de vida se reconocen como legítimas?, ¿qué memorias se activan y cuáles se silencian? Estas preguntas desbordan el cálculo electoral y cuestionan la pretensión de neutralidad del poder.
En el contexto boliviano, esta tensión es aún más evidente. A pesar del reconocimiento formal y transitorio de la diversidad cultural en las dos primeras décadas de este siglo, muchas decisiones políticas siguieron operando desde una lógica moderna y colonial que concebía la cultura como patrimonio, folklore o recurso identitario, pero no como campo vivo de producción de sentido y organización de lo político. La antropología, al insistir en esta dimensión, pone en evidencia la distancia entre el discurso plurinacional y las prácticas efectivas de aquel gobierno.
Actualmente, aquel reconocimiento formal de la diversidad cultural ha quedado sin efecto. La reposición simbólica de referentes impuestos durante el proceso colonial y republicano -desde noviembre 2025 a la fecha- por parte del gobierno de Rodrigo Paz, dejan muy claro el poder de la política señorial y el rol de la cultura dominante, no otra cosa significa la concepción de aquella diversidad proyectada desde un “Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía”. Seguramente, ahora, además de los K’jarkas y los Caporales, la calle Sagárnaga y el Pique Macho servirán como mercancías para disputar con nuestros vecinos, la “cultura boliviana”.
Estos, entre otros, son los efectos problemáticos que devienen de la desestimación de la antropología en la formulación de políticas públicas desconectadas de la vida cotidiana. En general, se diseñan programas educativos, culturales o sociales sin comprender cómo se vive el tiempo, el trabajo, la autoridad, la comunidad en los territorios o la violencia en los hogares, las calles y oficinas. Cuando estas políticas fracasan, la responsabilidad se atribuye a la “falta de cultura” de la población, reforzando una mirada tutelar que reproduce la colonialidad del poder.
La antropología crítica ha mostrado, además, que lo político no se agota en el Estado. La dinámica festiva, los rituales, las prácticas comunitarias de organización y la vida cotidiana son espacios donde se produce política, se educan subjetividades y se disputan horizontes de sentido. Al ignorar estos ámbitos, la política institucional empobrece su comprensión de la sociedad y reduce su participación a mecanismos formales —orientados a la fetichización de la cultura desde la racionalidad dominante— que poco dialogan con la experiencia real de lo común. La mercantilización, folklorización y patrimonialización son ejemplos de este tipo de procesos instalados desde las estructuras de poder
Desestimar la antropología es, en el fondo, desestimar la complejidad de la vida social. Implica renunciar a comprender cómo se configuran las subjetividades, cómo se articulan las memorias colectivas y cómo emergen formas de reexistencia frente a la dominación. En un país como Bolivia atravesado por historias de colonialismo, desigualdad e inferiorización, esta renuncia no es menor: tiene consecuencias concretas en la reproducción de conflictos y exclusiones.
Por ello, pensamos que reincorporar la antropología al pensamiento político no significa tecnocratizar la cultura, sino asumir que gobernar implica escuchar, comprender y disputar sentidos. Sin esta mediación crítica, la política corre el riesgo de hablar mucho de los pueblos, pero cada vez menos con ellos y desde ellos.




